Crítica situación de los pueblos indígenas en Norte del Cauca

 

El Gobierno de Colombia, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, debe dar la orden de frenar la agresión por parte de la fuerza pública en contra de las comunidades Indígenas del Norte del Cauca. Esto se logrará con la denuncia y la solidaridad hacia las comunidades indígenas.

Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos abajo firmantes, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones nacionales e Internacionales defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones solidarias en todo el mundo, para que insten al Gobierno de Colombia en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos a dar la orden de frenar la agresión por parte de la fuerza pública en contra de las comunidades Indígenas del Norte del Cauca.

Desde el mes de Diciembre del año 2014, las comunidades indígenas de los resguardos aledaños a los municipios de Corinto y Miranda decidieron en Asamblea general iniciar acciones para la liberación de la madre tierra y la recuperación de tierras que ancestralmente les han pertenecido. Es así como inician esta actividad en las haciendas Quebrada Seca, Miraflores, Granadita y García arriba, García abajo, Caucana, El Cultivo y La Emperatriz ubicada en la zona plana de Corinto y Miranda. Acciones que se originan ante los reiterados incumplimientos por parte del Estado colombiano a los acuerdos que ha firmado con autoridades tradicionales y comunidades indígenas del norte del Cauca, actas donde el estado se comprometía a solucionar el grave problema de falta de tierras para éstas y la atención con recursos para adelantar planes de desarrollo alternativos en la región.

LOS INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO COLOMBIANO  

La Controlaría General de la Nación, en el año 2013, mediante una auditoría realizada estableció que los acuerdos firmados con las comunidades indígenas en razón de tierras no se ha cumplido ni un 50%, acuerdos como el del Naya, 15.663 hectáreas; acuerdo de la María 5182 hectáreas; Plan de desarrollo 2006, 8.000 hectáreas.

“Revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto”.

Desde el año 2008 las comunidades indígenas del norte del Cauca han propiciado diversos espacios de acercamiento, diálogo y negociación con los gobiernos de turno, insistiendo en la obligación que tiene el Estado Colombiano en cumplir con las normas internas e internacionales de resarcir los daños causados por la violencia, el desplazamiento, los crímenes indiscriminados, las ejecuciones extrajudiciales y en general las políticas de despojo.

Existen órdenes de la Corte Constitucional, recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH, OEA, ONU y OIT, que protegen los derechos de las comunidades Indígenas. No existe voluntad política de asumir estas y, por el contrario, existe una deliberada omisión del Estado colombiano, obligando a las comunidades indígenas a hacer uso del legítimo derecho a la protesta, para de esta forma continuar exigiendo la reparación integral por la masacre del Nilo (Caloto) donde fueron ejecutados 21 comuneros indígenas a manos de la Policía Nacional el 16 de diciembre de 1991.

Diez años más tarde, con el accionar del paramilitarismo, fueron víctimas de múltiples masacres que dejaron 100 comuneros del Naya asesinados, 13 indígenas en la vereda Gualanday (Corinto) y 7 indígenas en la vereda San Pedro en Santander de Quilichao.

LA AUTORIDAD COMO ABUSO

Desde el día 24 de febrero de año en curso la fuerza pública comenzó un despliegue de efectivos del Escuadrón Móvil antidisturbios, ESMAD y del EMCAR, escuadrón móvil de carabineros, para tomar los predios de la parte plana de Corinto, donde las comunidades indígenas de este territorio, realizan acciones pacíficas. Se presenta en ese momento un número considerable de personas heridas por la acción de la fuerza pública, 70 heridos, 25 de los cuales reportan delicado estado de salud, entre los que se encuentran 6 indígenas impactados con proyectiles de pistola y fusil. Los heridos más graves están siendo atendidos en centros hospitalarios de la ciudad de Cali.

En los días siguientes el tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, ACIN denuncia que la fuerza pública, de manera conjunta entre policía y ejército, por aire y tierra iniciaron acciones de manera violenta nuevamente contra las comunidades indígenas del norte del Cauca, donde se reportan nuevamente personas heridas, de igual forma denuncian que las heridas fueron ocasionadas por artefactos convencionales y no convencionales que utiliza el ESMAD, los heridos presentaban graves lesiones en la cabeza, en el rostro, causando lesiones en ojos, uno de ellos presenta heridas en la cabeza por arma corto punzante (machete) utilizada por el ESMAD.

Se denunció de igual forma, que la fuerza pública impidió el acceso de vehículos y personal médico para atender los indígenas heridos en la zona de Corinto, por lo que fue necesario trasladarlos en vehículos particulares a los centros médicos. También, denuncian que se está disparando las armas Trufly (lanza granadas de gas) como arma contundente, al dispararlas directamente a la humanidad de los manifestantes con el objetivo de causar heridas de gravedad.

El balance que se presenta hasta el momento es preocupante; 156 indígenas heridos, 17 de ellos de gravedad y 4 fueron impactados con arma de fuego, además hay 4 comuneros vinculados a procesos judiciales.

Las organizaciones firmantes:

1.- Exigimos que el Estado colombiano en cabeza del presidente de la República Juan Manuel Santos, el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y Ministro del Interior propicien un escenario de diálogo y concertación con las comunidades indígenas, con el fin de establecer la ruta de reparación y titulación colectiva.

2.- Exigimos se respeten los derechos humanos de las comunidades indígenas que adelantan acciones de manera pacífica para que el Estado colombiano cumpla con los compromisos adquiridos, de igual forma que se disponga de las acciones suficientes y necesarias para que las autoridades protejan la seguridad de los lideres amenazados y brinde el respeto y protección integral a la vida y la integridad física de los pueblos indígenas del Norte del Cauca.

3.- Exigimos al gobierno nacional a cumplir los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas del Norte del Cauca.

4.- Responsabilizamos al Estado colombiano y sus fuerzas militares por los actos violentos que atenten contra la vida y la integridad física de los pueblos indígenas del norte del Cauca.

6.- Exigimos que la defensoría regional del pueblo Cauca, la procuraduría general de la nación, la personería hagan presencia en los territorios mencionados con el fin de verificar la actuación desmedida por parte de la fuerza pública, especialmente la actuación del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, así mismo de iniciar, las acciones disciplinarias a que haya lugar y de esta manera frenar la actuación violenta de la fuerza pública.

Marzo 28 del 2015.

 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA.

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS.

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA.

PROCESO NACIONAL IDENTIDAD ESTUDIANTIL.

COMITÉ DESOLIDARIDAD DE LA CUT.

CENTRAL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES CUT.

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO.

NOMADESC.

COLECTIVO RESURGIENDO.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL.

NODO SUROCCIDENTE DE LA COORDINACIÓN EUROPA ESTADOS UNIDOS.

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