PARO AGRARIO: Informe mision de verificación

Del 28 al 31 de agosto una misión de verificación estuvo en Cundinamarca y Boyacá

 


SEGUNDO INFORME DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ

 

28 – 31 de agosto de 2013

 

 

 

  1. INTRODUCCIÓN

 

 

 

 

 

La Misión Ad hoc de Verificación realizó un primer recorrido por los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, los días 24 y 25 de agosto, cumpliendo con el objetivo de documentar, recibir testimonios y denuncias de campesinos y campesinas, sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en un contexto de ataques generalizados contra la población civil como manera de reprimir la protesta ciudadana (ver informe).

 

 

 

Entre el 28 y 31 de agosto de 2013, la Misión de verificación ad hoc, realizó un segundo recorrido, dada la gravedad de los hechos que se venían constando en el marco de la jornada del paro nacional agrario y popular. Para ello se conformaron dos grupos; uno que ingresó a la región por los municipios de Sutatausa, Ubaté, Chiquinquirá, Arcabuco, y otro que ingresó por la vía de Choconta, Ventaquemada, Tierra Negra, teniendo como punto de encuentro la ciudad de Tunja, para continuar el recorrido por los municipios de Tuta –punto de concentración-, Paipa, Duitama, Tibasosa y Sogamoso.

 

 

 

La Misión pudo llevar a cabo el recorrido y cumplir con su objetivo, pese a los impedimentos y hostigamientos de que fue objeto por parte de la Policía Nacional y algunas autoridades civiles, como lo ocurrido en los municipios de Chocontá y Tibasosa.

 

 

 

En este segundo recorrido, la Misión recibió denuncias y documentó casos de graves violaciones de derechos humanos sufridas tanto por personas que participaban en las concentraciones pacíficas en las vías, como por pobladores al margen de ellas, atribuidas a la Policía Nacional Fuerza Disponible y principalmente a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, sostuvo reuniones con funcionarios públicos de algunos de los municipios visitados (Alcaldes, secretarios de gobierno, personeros, fiscales, médicos forenses), quienes aceptaron que hubo exceso de la fuerza por parte del ESMAD y reconocieron que el control del orden público dentro del municipio estaba en manos del comandante del ESMAD y no de las autoridades civiles como correspondía.

 

 

 

En estos diálogos con las autoridades civiles municipales, se conoció de la perpetración de actos vandálicos contra instalaciones públicas y establecimientos de comercio, sin embargo, los funcionarios entrevistados fueron enfáticos en afirmar que éstos fueron ejecutados por personas ajenas al paro y a sus comunidades.

 

 

 

De otra parte, la Misión recibió denuncias de manifestantes referentes a la presencia de agentes de seguridad del Estado infiltrados, vestidos como campesinos o estudiantes, realizando labores de inteligencia, detenciones arbitrarias, actos de violencia y provocación.

 

 

 

De igual manera, en varios puntos de la concentración campesina la Misión pudo constatar que las jornadas de protesta se estaban adelantando de forma pacífica y que los manifestantes estaban permitiendo el paso tanto de las misiones médicas y de la defensa civil, como de la Misión de Verificación, que diálogo con ellos sobre sus necesidades y exigencias al gobierno nacional.

 

 

 

En criterio de la Misión las comunidades campesinas que acudieron al Paro Agrario presentaban reivindicaciones razonables y justas al Gobierno Nacional, que se corresponden con la afectación que les viene provocando la implementación de políticas estatales en materia económica. En este sentido, entendemos que las manifestaciones de inconformidad desatadas, encuentran respaldo en el derecho constitucional que les asiste a los ciudadanos colombianos a la libertad de expresión, pensamiento, a la protesta y de participación, que además se encuentran consagrados en tratados internacionales suscritos por Colombia.

 

 

 

Este Informe se realiza con base en testimonios, material de audio y fotográfico que fue recogido durante el recorrido, y que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por parte del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, de la fuerza disponible de la policía nacional, con la participación activa de la policía municipal y organismos de seguridad y de policía judicial como funcionarios de la SIJIN, expresadas en: actos de tortura física y psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes; graves lesiones en cabeza, rostro y extremidades; detenciones arbitrarias; amenazas e intimidaciones; hurtos; quema de vehículos; disparos con arma de fuego en contra de manifestantes y otros pobladores; disparos de proyectiles de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y piedras, lanzados indiscriminadamente a las viviendas de la población y directamente contra los cuerpos de las personas; violación al domicilio; actos de discriminación en razón al género y la identidad cultural, entre otros.

 

 

 

  1. BALANCE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA POR MUNICIPIOS

 

 

 

Como resultado del segundo recorrido de la Misión de Verificación, nos permitimos realizar el siguiente balance por municipios que sintetiza las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos de la fuerza pública, así como los resultados de la interlocución con las autoridades locales.

 

 

 

  1. SUTATAUSA

 

 

 

En la madrugada del miércoles 28 de agosto, aproximadamente a la 1:30 a.m., agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ingresaron al casco urbano del municipio de Sutatausa (Cundinamarca) persiguiendo a manifestantes que provenían del municipio de Ubaté. El ESMAD disparó proyectiles de gas lacrimógeno indiscriminadamente sobre las viviendas de la población, que por la hora se encontraba durmiendo. La Comisión recibió denuncias referentes a las graves afectaciones a la salud física e incluso tuvo conocimiento de personas que perdieron el sentido como consecuencia de la inhalación del gas.

 

 

 

  1. UBATÉ

 

 

 

Las actividades de protesta social en el marco del Paro Agrario en el municipio de Ubaté (Cundinamarca) comenzaron a partir del 23 de agosto. Desde este mismo día, la Policía Nacional y en particular el ESMAD disolvieron violentamente las manifestaciones pacíficas, cometiendo todo tipo de desmanes. La Comisión recogió denuncias referentes al lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos a las viviendas y en contra de las personas, hurto y daño de vehículos, daños en las casas de habitación, lanzamiento de piedras con la mano o a través de ondas, violación ilegal al domicilio, detenciones arbitrarias, golpizas, algunas perpetradas en contra de personas disminuidas físicamente, actos de tortura y amenazas.

 

 

 

Al respecto, sobresalen los hechos del viernes 23 de agosto y en especial la golpiza que recibió un hombre de 27 años de edad que fue perseguido hasta una casa del barrio EL ESTADIO en la cual encontró refugio luego de que el ESMAD disolviera una concentración pacífica sobre la vía principal. El hombre fue extraído por la fuerza y violentando la casa, para luego ser brutalmente golpeado con macanas y a patadas. Fue conducido a un camión en donde le rasuraron las cejas y lo mantuvieron bajo amenaza de muerte, de extraerle los dientes y mutilarle los dedos. Al ser buscado por sus familiares, El ESMAD negó en varias ocasiones su presencia en el camión y, una vez lo reconoció, se negó a llamar a una ambulancia y a prestarle primeros auxilios, no obstante al mal estado de salud en que se encontraba la víctima. Una mujer que presenció la golpiza, reclamó a los agentes por este proceder, ante lo cual el ESMAD le lanzó una piedra que la golpeó en el pecho, causándole una lesión abierta. Luego, la casa de la mujer fue asediada con gases lacrimógenos, sin consideración de los tres niños de 9, 6 y 3 años de edad que se encontraban en su interior, uno de los cuales perdió el conocimiento.

 

 

 

Otro de los hechos que fue denunciado a la Comisión fue el hurto e incineración de 8 motocicletas sobre la vía que conduce a Cucunubá por parte de efectivos del ESMAD el lunes 26 de agosto. Las motocicletas pertenecían a familias dedicadas a la minería a quienes se les impidió el paso para ingresar a Ubaté razón por la que tuvieron que dejarlas al cuidado de una conocida. Sobre el medio día, una vez el ESMAD procedió a desbloquear por la fuerza una concentración cercana al lugar de los hechos, resolvió entrar violentamente a la casa que guarecía los vehículos, ultrajando a la mujer de avanzada edad que estaba como encargada de la casa y golpeando a un joven, familiar de los propietarios, a quien dejaron malherido y se le impidió ir a Ubaté a recibir atención médica. A la mujer la amenazaron con quemarle la casa si denunciaba.

 

 

 

De acuerdo a las reuniones sostenidas con autoridades locales, se percibió que algunas de ellas se encontraban amedrentadas, lo cual ha influido en la poca operatividad de la administración municipal para atender la situación humanitaria y garantizar la efectividad de los derechos humanos de la población. Además, se constató que el control del orden público del municipio fue asumido de hecho por el ESMAD y la fuerza disponible de la Policía Nacional, sin que fuera consultado con las autoridades civiles.

 


Por su parte, las investigaciones penales por abuso de autoridad (se informó de 8 noticias criminales por este delito) no han presentado avances significativos, lo cual contrasta con la celeridad con la que se desarrollan los procesos de judicialización de las personas partícipes en las manifestaciones (se informó sobre 11 personas judicializadas).

 

 

 

Finalmente, las autoridades del municipio son contestes al afirmar que han sido personas ajenas al Paro Nacional Agrario y Popular quienes han aprovechado las manifestaciones para realizar hurtos, saqueos y amenazas de personas.

 

 

 

  1. CHIQUINQUIRÁ

 

 

 

De la interlocución realizada la Misión concluye que las autoridades municipales han tenido bajo su control el orden público, lo que ha permitido que la protesta social haya sido respetada y no se tenga conocimiento de violaciones a los derechos humanos o abusos por parte de la Fuerza Pública. Se presentaron algunos actos vandálicos de personas ajenas al paro que fueron contenidos por la Policía del municipio.

 

 

 

  1. CHOCONTÁ

 

 

 

En el primer punto de concentración entre la vía que conduce de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Chocontá (Cundinamarca), integrantes de la policía, entre quienes según fuimos informados, se encontraban el capitán RODRIGO SANTOS y el patrullero JOSÉ MONTOYA, hostigaron a los integrantes de la Misión, con el fin de evitar el paso de la misma, a pesar de que ya existía el consentimiento de la comunidad para que continuara con la labor de verificación.

 

 

 

Con celulares y tablas electrónicas fotografiaron a todos los integrantes de la misión humanitaria y los vehículos en los que se movilizaban. Además, dirigiéndose a la comunidad, la policía acusó a la Misión de “ser amarillistas”, “alborotar a la comunidad contra de ellos”, “infiltrar periodistas a través de las ONGS” y “ponerse un chaleco para hacerse pasar por defensores de derechos humanos”.

 

 

 

El personero municipal de Chocontá, BENJAMÍN JIMENEZ, hizo parte de estos hostigamientos, pues pretendió impedir que la Comisión continuara su recorrido, con el argumento de que sus miembros debían certificar su condición de defensores de derechos humanos. Según su dicho, la Policía le informó que las personas que conformaban la misión no estaban acreditadas como tal y por tanto no era posible permitir su paso.

 

 

 

  1. VENTAQUEMADA

 

 

 

El domingo 25 de agosto, a las tres de la tarde, un grupo de manifestantes que se conglomeraba sobre la vía fue agredido por aproximadamente 200 agentes del ESMAD, quienes lanzaron proyectiles de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras sobre la población. Por los hechos, al menos 7 personas resultaron heridas siendo atendidas en el hospital.

 

 

 

Preocupa especialmente la denuncia de una mujer que habita sobre la carretera, quien manifestó que el 19 de agosto su casa fue utilizada como trinchera del ESMAD durante los disturbios, apostándose en sus alrededores, causando daños y prendiendo fuego a algunos elementos que tenían en una enramada. Ella pudo observar cómo los miembros de los escuadrones elaboraron hondas con guantes para lanzar piedras a los campesinos y casas del sector.

 

 

 

  1. TUNJA

 

 

 

Entre la vía que conduce del municipio de Arcabuco (Boyacá) y la ciudad de Tunja, la Misión encontró tres puntos de concentración de campesinos productores de papa y leche, con quienes se dialogó acerca de las necesidades y la situación precaria que atraviesan en razón del abandono estatal.

 

 

 

En Tunja la Misión visitó los centros de salud a donde fueron remitidos los heridos del municipio así como de otros aledaños entre los que se encuentra Samacá, Ventaquemada y Soracá. De acuerdo a la información recabada en el Hospital San Rafael y las Clínicas de Los Andes, Medilaser y Saludcoop, se estima un total de 88 personas que resultaron heridas en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular, de las cuales al menos 12 son menores de edad y 9 habrían sido afectadas como consecuencia de proyectiles de arma de fuego. Uno de los heridos fue un menor de 14 años brutalmente golpeado en la cabeza por miembros del ESMAD; presenta trauma cráneo- encefálico severo y permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado.

 

 

 

En el municipio se denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, evidenciado en el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos sobre sitios cerrados, que destruyó tejas y vidrios de las casas, así como el daño sistemático de automotores y motocicletas.

 

 

 

  1. TUTA

 

 

 

El domingo 25 de agosto sobre la vía que conduce de Tunja a Paipa, en el sector conocido como “La Playa” correspondiente al municipio de Tuta (Boyacá), se realizaba una concentración campesina pacífica, cuando agentes del ESMAD y de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional levantaron violentamente la concentración, haciendo un uso excesivo de la fuerza y cometiendo actos atroces. La Comisión recibió denuncias sobre los daños efectuados por “policías de verde” quienes con piedras y proyectiles destrozaron tejas y vidrios de las viviedas de los habitantes de la vereda Rio de Piedras; averías con macanas a seis automotores y aproximadamente cuarenta motocicletas, vehículos que se encontraban parqueados cerca de la concentración; múltiples heridas, varias de gravedad, sobre la humanidad de los manifestantes causadas por proyectiles indeterminados; lanzamiento de proyectiles de gas lacrimógeno sobre las viviendas; disparo con armas de fuego hacia las partes altas de la vereda; uso desproporcionado de las granadas de aturdimiento y de los proyectiles de goma o esferas; y la incineración de cultivos de supervivencia de los campesinos.

 

 

 

La comunidad denunció la presencia de presuntos agentes de policía vestidos como campesinos que se infiltraron en el punto de concentración. La comunidad los recibió y les compartió almuerzos. Sin embargo, una vez la policía levantó violentamente la concentración, los infiltrados coadyuvaron las detenciones y golpizas.

 

 

 

Resalta el caso de un hombre de 53 años herido en su brazo por el impacto de un proyectil (desconociéndose si se trata de arma de fuego o de goma) que le perforó la piel y le astilló un hueso, según el dictamen médico, debiendo ser intervenido quirúrgicamente. Este hecho se registró cuando el ESMAD irrumpió en forma violenta para dispersar a varios manifestantes que se encontraban almorzando tranquilamente, disparando balas de goma, balines, granadas aturdidoras y proyectiles de gas lacrimógeno.

 

 

 

  1. PAIPA

 

 

 

En el municipio de Paipa (Boyacá) se adelantaron algunos bloqueos transitorios de las vías y manifestaciones pacíficas. Los actos vandálicos, al decir de las autoridades, fueron cometidos por personas ajenas al paro. Sin embargo, es objeto de preocupación para la Misión el hecho de que el ESMAD también hubiera asumido de facto el control del orden público en este municipio, en el momento en que acudió a reprimir la concentración de aproximadamente 200 personas que se encontraban en la vereda de Sátiba, sin que las autoridades civiles locales tuvieran conocimiento sobre la presencia de los escuadrones y, por tanto, no hubieran hecho presencia las instituciones encargadas de la garantía y protección de los derechos de la población.

 

 

 

En el marco del paro, según los reportes entregados a la Misión, 7 personas fueron detenidas (ninguna judicializada) y varias resultaron lesionadas. Al Hospital San Vicente de Paul llegaron 11 personas heridas, incluyendo 3 personas que fueron remitidas del municipio de Tuta.

 

 

 

Se recibió la denuncia sobre 6 conductores de vehículos de servicio de turismo, reconocidos en el municipio y que se encontraban al margen de las manifestaciones, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante varias horas y agredidos físicamente por la policía. Las 6 personas fueron trasladadas a la estación de policía en donde se les obligó a firmar un acta, como requisito para dejarlos en libertad, en la que constaba que ellos hicieron parte de una jornada de protesta. De igual manera se informó que algunos uniformados se acercaron a la carpa que se instaló sobre la vía principal en la que se aglutinaban los manifestantes y amenazó con “volarla”.

 

 

 

Por último, la Misión conoció como hecho público, que en uno de los choques entre la fuerza pública y los manifestantes, uno de los miembros de la Policía Nacional desenfundó un arma de fuego y disparó directamente hacia la población. Éste hecho fue registrado audivisualmente por uno de los testigos.

 

 

 

  1. DUITAMA

 

 

 

La Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Duitama (Boyacá) recibió la mayoría de las personas detenidas en este municipio, así como de Paipa y Tibasosa. De la interlocución ejercida se concluye con preocupación una práctica reiterada de detenciones arbitrarias.

 

 

 

El martes 20 de agosto, 21 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entre ellas una mujer en estado de embarazo, fueron detenidos arbitrariamente en el sector de “La Y” en la vía que conduce a Tibasosa mientras participaban de una jornada pacífica de protesta. Se les condujo a la URI de Duitama y al no encontrar suficientes elementos para justificar la detención, fueron dejados inmediatamente en libertad. Otras 4 personas fueron privadas de la libertad en Paipa y remitidas a la URI, en donde ni siquiera se admitió su ingreso por no presentarse actas de derechos del capturado, siendo liberadas con la intervención de la personería y la alcaldía del municipio.

 

 

 

El jueves 22 de agosto se presentaron fuertes disturbios en el centro de Duitama, luego de la manifestación convocada por estudiantes de la UPTC. En este contexto se registraron actos vandálicos que al decir de las autoridades fueron protagonizadas por personas ajenas al paro. Ese día fueron detenidas 44 personas, entre los que se encontraban 12 menores de edad. Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías que impartió legalidad a la captura e impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra 11 de ellos por el punible de asonada.

 

 

 

  1. TIBASOSA

 

 

 

La comisión recibió múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por el ESMAD y por la Seccional de Investigación Judicial e Inteligencia de la Policía Nacional (SIJIN). Las concentraciones campesinas, especialmente las realizadas en el sector de La Germania y la vereda Santa Teresa, fueron dispersadas mediante el uso desmedido de la fuerza, presentándose actos de tortura, violaciones al domicilio, agresiones con armas corto-punzantes, agresiones con macanas; lanzamiento de granadas aturdidoras y proyectiles de gas lacrimógeno en contra de las casas de habitación. La Misión documentó el caso de una persona con discapacidad herida con arma blanca.

 

 

 

En reunión realizada en la alcaldía municipal, el mandatario local fue enfático en afirmar que en este contexto se desconoció su autoridad, pues no fue consultado para realizar los operativos, ni escuchado cuando pretendió intervenir para que cesaran las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los ciudadanos de su jurisdicción, respecto de las cuales manifiesta ni siquiera haber recibido respuesta satisfactoria de la policía del Departamento. De otra parte, la Misión fue informada de la intimidación ejercida sobre las autoridades civiles, en tanto el personero fue amenazado telefónicamente en recurrentes ocasiones.

 

 

 

La Misión escuchó el testimonio del señor José Henry Pineda (cuyo caso fue difundido por los medios de comunicación y las redes sociales), quien señaló que el 23 de agosto en horas de la mañana se dirigía a la casa de un vecino a negociar su producción de cebolla, cuando percibió que agentes del ESMAD se encontraban cerca en actitud agresiva razón por la que corrió hacia el lugar a donde se dirigía e ingresó. Afirma que poco tiempo después, siendo aproximadamente las 9:00 AM, policiales del referido Escuadrón irrumpieron en la vivienda llegando hasta la terraza donde lo agredieron física y verbalmente, le propinaron choques eléctricos y le hurtaron diez (10) millones de pesos que llevaba consigo.

 

 

 

Otra mujer habitante de la zona fue asediada por agentes del ESMAD en un potrero, donde fue lesionada con mecanismos contundentes y choques eléctricos; y agredida verbalmente por su condición de mujer campesina.

 

 

 

En el mismo sentido, en el sector del alto El Mora, mujeres campesinas aseguraron que agentes del ESMAD, que se encontraban apostados en la escuela de la vereda, constantemente lanzaron improperios en contra de ellas por el hecho de ser mujeres y campesinas, tildándoles de “sucias” e “ignorantes”. Estos hechos evidencian que la violencia de género fue una práctica reiterada en el modus operandi criminal de la policía.

 

 

 

  1. SOGAMOSO

 

 

 

Sogamoso (Boyacá) fue otro de los municipios en los que se constató una situación humanitaria crítica. La Misión recibió diferentes denuncias, entre las que se destaca los ataques reiterativos a los medios periodísticos y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se encontraban realizando labores de registro audiovisual en diferentes concentraciones del paro. Entre ellas, se conocieron los casos de agresión y detención arbitraria, de los que fueron víctimas un joven perteneciente al Colectivo por la Defensa de la Provincia del Sugamuxi y un periodista de Sogamoso.

 

 

 

Un gran porcentaje de las denuncias versaban sobre personas que no estaban participando de las jornadas pacíficas de protesta. Por su gravedad, se narran los hechos ocurridos aproximadamente a las 10:30 PM del viernes 23 de agosto en el barrio Valdez Tavera de Sogamoso, a donde varios policías, agentes de la SIJIN y miembros del ESMAD movilizados en motocicletas llegaron a perseguir, sin razón aparente, a un grupo de jóvenes que se encontraba jugando fútbol. Ante lo que se estaba presentando, una joven abrió la puerta de su casa para permitir la entrada de uno de ellos, lo que provocó el ingreso abrupto y no autorizado de un agente del ESMAD quien procedió a golpearla en el rostro para luego salir del lugar. Minutos más tarde otro policia agredió al padre de la víctima, un hombre invidente que tras escuchar la bulla bajó a cerciorarse de lo sucedido siendo lanzado a la calle y luego arrastrado por cinco metros, por una moto oficial en la que se enredó cuando intentaba reponerse. En estos mismos hechos resultaron agredidas las personas que acudieron en su auxilio: A un hermano de la víctima lo amenazaron con un arma de fuego, a su hija la agarraron de cabello, la arrojaron al piso y la golpearon con macanas y patadas, mientras la insultaban. La ambulancia que solicitaron nunca llegó, así que tuvieron que llevarlo por sus propios medios a que recibiera atención médica.

 

 

 

La totalidad de las personas entrevistadas por la Misión expresaron su temor de denunciar los hechos de los que fueron víctimas, en razón a posibles represalias en su contra.

 

 

 

La Misión fue informada de la presencia de agentes de la policía, vestidos de civil, que se alojaron en un hotel de Sogamoso y realizaron varios recorridos por la ciudad.

 

 

 

  1. CONCLUSIONES GENERALES

 

 

 

A partir de los hechos documentados en el segundo recorrido de la Misión de verificación, ésta se ratifica en las siguientes conclusiones plasmadas en el primer informe:

 

 

 

La fuerza pública ha atentado contra las libertades civiles reconocidas en la Constitución Política y como consecuencia de su actuación puso en grave riesgo la vida de las personas, lo que conlleva actos contra la dignidad humana, la integridad física y psicológica de los y las manifestantes.

 

 

 

[Los hechos denunciados] pueden tipificarse desde el punto de vista del derecho interno como detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones sexuales (…), torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tentativas de homicidio, actos de vandalismo, intimidación e infiltración en las manifestaciones. Dado el carácter sistemático de las actuaciones del ESMAD pueden ser tipificadas también en el Derecho Penal Internacional (…).

 

 

 

Los hechos documentados por la Misión constituyen sin duda, graves violaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión protegida en los artículos IV de la Declaración y 13 de la Convención Americana y el desconocimiento abierto de lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 4 establece que ‘Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa’. A la vez comporta violaciones al derecho de Asociación contenido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el parágrafo 1, el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (párr. 1 del artículo 10); el artículo22 de la Declaración Americana; el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 38 y siguientes de la Constitución Política de Colombia.

 

 

 

[En desarrollo del Paro Nacional Agrario y Popular en Boyacá y Cundinamarca] se han visto afectados gravemente los derechos fundamentales a la vida y la libertad de los manifestantes y pobladores de la región, en contravía de lo dispuesto en los artículos 1,2 y 11 de la Constitución Nacional, además de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano, en virtud de lo dispuesto en instrumentos internacionales tales como: el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanosde 1948; el artículo 1 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

 

 

La Policía actuó por fuera del marco de sus competencias, adoptando acciones propias de las Fuerzas Armadas al dar una respuesta militar a expresiones eminentemente de la Población civil. La información general y puntual recaudada por la Comisión permite afirmar que a los manifestantes y pobladores del Departamento de Boyacá [y Cundinamarca] se les ha dado un tratamiento de “enemigo” y por tanto la acción policial en el marco del Paro Agrario, ha estado encaminada a su “derrota” y no al control y protección, en desarrollo de las protestas.

 

 

 

La arremetida contra civiles en el departamento de Boyacá [y Cundinamarca], que incluyó el uso de armas de fuego contra los manifestantes, constituye además una vulneración a la normativa nacional e internacional sobre el control de multitudes durante protestas.

 

 

 

El reglamentos interno de la Policía para la atención, manejo y control de multitudes expedido en el año 20094, así como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y el Uso de Armas de Fuego de las Naciones Unidas son claros en el sentido de que el uso de las armas sólo debe darse en caso ‘estrictamente inevitable para proteger una vida’.

 

 

 

La resolución 03514 de noviembre de 2009, expedida por la Policía Nacional, restringe el uso de las armas durante la represión a la protesta ciudadana, y permite en “escala gradual” el uso de los siguientes elementos: formaciones (con y sin bastón) para el manejo y control de multitudes; utilización de granadas fumígenas (humo), aturdimiento y gas pimienta; uso de tanqueta lanza agua y de personal; cartuchos de gas CS calibre 37 mm; granadas de gas CS de mano; granadas de mano multi-impacto y como última opción ‘cartuchos de gas de impacto controlado calibre 37 mm y demás recursos autorizados por las normas vigentes’.

 

 

 

Además, la Misión se permite agregar las siguientes conclusiones:

 

 

 

1. La actuación de la Policía Nacional, en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se hizo por fuera del marco legal y constitucional, haciendo uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza, para atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil, identificándose un modus operandi común, y afectando niñas y niños así como personas de la tercera edad.

 

 

 

2. La respuesta represiva y desproporcionada de la fuerza pública y los señalamiento y estigmatización del movimiento campesino, encuentra relación directa con la orientación presidencial de controlar a toda costa el orden público y su negativa a reconocer la existencia del Paro Nacional.

 

 

 

3. Se constató la subordinación de las autoridades civiles al mando policial enviado por el Ejecutivo, encontrándose un alto grado de militarización en los municipios, en algunos de los cuales el control del orden público fue asumido de facto por las comandancias del ESMAD y de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional. Constituyéndose una usurpación de funciones por parte de la fuerza pública, propia de los regímenes de excepción.

 

 

 

4. La Misión verificó que existe un sub-registro de las violaciones a los derechos humanos cometidas, en los organismos de control e investigación de los municipios (Personerías y Fiscalías), derivadas de la negligencia e inoperancia de tales organismos locales; así como del temor de las víctimas por las represalias que pueda acarrear las denuncias. También advierte que las múltiples detenciones arbitrarias documentadas no fueron reconocidas como tal por las autoridades competentes, por lo que resulta previsible que las mismas no serán investigadas.

 

 

 

5. Finalmente, se concluye que la actuación de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) socavó los presupuestos del Estado social de derecho que, al tenor del artículo 1 de la constitución política, se funda “en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

 

 

  1. EXIGENCIAS

 

 

 

De acuerdo con lo constatado por esta Misión y en consideración al grave contexto en que se han desarrollado las acciones descritas a lo largo de este informe incluso en el nivel nacional, se hace necesaria la adopción de medidas eficaces por parte de distintas entidades estatales y la propia Presidencia de la República, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía en el marco de la protesta social.

 

 

 

Como garantías de no repetición y mecanismos de reparación nos permitimos REITERAR las siguientes exigencias formuladas en el Primer Informe de la Misión:

 

 

 

  • Solicitamos la disolución del ESMAD por ser incompatible con el Estado de Derecho y la Constitución Política de Colombia.

 

 

 

  • Reclamamos la derogación de la Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido usada para justificar las agresiones mencionadas y reprimir la protesta social.

 

 

 

  • Demandamos la destitución inmediata, y en su defecto la renuncia, del general Rodolfo Palomino, director general de la Policía, por su responsabilidad por cadena de mando de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados en el marco del paro nacional agrario y popular, así como del coronel Luis Eduardo Pérez, director encargado de Seguridad Ciudadana de la Policía, quien tiene bajo su mando el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); del comandante operativo de la Policía en el departamento de Boyacá y de sus delegados en los municipios referidos en este informe; al igual que del comandante del ESMAD a nivel nacional; y de todos los agentes y uniformados identificados por las víctimas de las agresiones policiales, los cuales se documentan en el cuadro anexo.

 

 

 

  • Recordamos la obligación de los entes de control del Estado, particularmente de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación de investigar sin dilación alguna y de manera seria y profunda las denuncias de agresiones, desmanes y violaciones a los derechos humanos aquí documentadas, al igual que las denunciadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

 

 

 

  • Requerimos que se tracen orientaciones precisas a las oficinas de Control Disciplinario Interno de la Policía y a la justicia castrense para que se abstengan de dar trámite a investigación alguna por estos hechos y, en caso de que éstas ya se encuentren en curso, las remitan de manera inmediata a la Procuraduría General y a la justicia ordinaria, respectivamente.

 

 

 

  • Dar las instrucciones necesarias para que se levanten los procedimientos judiciales contra manifestantes.

 

 

 

  • Dar instrucciones para que se garantice la protección de los líderes y lideresas del movimiento campesino en Boyacá, quienes se encuentran perseguidos y amenazados.

 

 

 

  • Dar instrucciones jurídica y administrativamente eficaces para realizar un inventario que permita promover la restitución de los bienes destruidos, entre los que se encuentran el ganado y cultivos de subsistencia campesina, y reparación de los daños civiles y morales que sean responsabilidad de la fuerza pública.

 

 

 

  • Tomar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento no discriminatorio del campesinado, reconocer su capacidad para organizarse y plantearse luchas autónomamente sin necesidad de “fuerzas oscuras”.

 

 

 

  • Tomar las medidas necesarias para eliminar el discurso racista y de clase en contra de los campesinos pobres por parte de todos los funcionarios públicos.

 

 

 

 

 

  1. ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON DE LA MISIÓN

 

 

 

La Misión de Verificación de Derechos Humanos, en su segundo recorrido, estuvo conformada por las siguientes organizaciones:

 

 

 

  • Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

  • Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare

  • Centro de Atención Psicosocial

  • Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

  • Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

  • Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

  • Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc)

  • Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

  • Campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia

  • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

  • Humanidad Vigente, Corporación Jurídica

  • Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos

  • Equipo Nizkor

  • Periodistas independientes (El Turbión y Colombia Informa)

 

 

 

Con el apoyo local de:

 

 

 

  • Mesa de Derechos Humanos de Tunja

  • Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombia

  • Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tunja

  • Mesa de Interlocución Agraria (MIA)

  • FENSUAGRO

  • CPDH-Boyacá

  • Corporación Zoscua

  • Fundación San Isidro

  • Red de Derechos Humanos Esperanza.

  • Colectivo por la Defensa de la Provincia de Sugamuxi.

 

 

 

Con el acompañamiento de:

 

 

 

  • Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

 

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