Nuevas amenazas en Arauca

Durante el mes de junio, continuaron ocurriendo hechos que afectaron gravemente los derechos fundamentales de los y las pobladoras del departamento y contribuyen a acrecentar la crisis humanitaria.  Tres personas fueron asesinadas en menos de una semana, otra recibió amenazas contra su integridad mientras que un transportador fue ultrajado por miembros del ejército nacional.

En la última semana, una trabajadora de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS, recibió amenazas contra su integridad y la de sus menores hijas, donde a través de mensajes de texto a su abonado celular, le exigen salir del departamento o de lo contrario la matarían a ella o su familia.

Esta situación recuerda los episodios de violencia que ha sufrido este proyecto comunitario del cual han sido asesinadas cuatro personas y encarceladas otros, su sede allanada y pintada con grafitis alusivas a las AUC, y todo su personal estigmatizado, que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cobijara a varios de sus trabajadores con solicitud de medidas cautelares al gobierno colombiano para la protección no solo en la vida e integridad de éstos sino su labor como dirigentes sociales,  por lo cual se hace necesario atender con urgencia y diligencia este nuevo hecho.

De otro lado, el día 18 de junio, en horas de la noche un conductor de taxi urbano afiliado a la empresa COOTRANSARARE LTDA, fue abordado por tres personas vestidas con uniforme camuflado que además portaban armas, y que después le informaron, se trataba de tres soldados del batallón Reveiz Pizarro, quienes lo obligaron a trasladarlos hasta el sector de la Copa para luego obligarlo a bajar del vehículo a él y una joven que había solicitado el servicio. Posteriormente el automóvil fue hallado accidentado en el sector de Villamaga, presentando daños de consideración.

Es de anotar que ésta vía, es decir, la que conduce de Saravena a Fortul y principalmente en el sector de Villamaga es permanentemente de fuerte presencia militar, sobre todo desde que comenzó la construcción del oleoducto bicentenario.

Este hecho constituye una violación a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, por cuanto se constriño y amenazó a un miembro de la población civil, además se hurtó un bien protegido y se usó por parte de actores armados, en este caso miembros del ejército nacional, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las dos personas afectadas, además se atenta la misma subsistencia pues la economía familiar depende en parte del automotor despojado.   

Sumado a lo anterior, se han presentado tres muertes violentas en la última semana, dos en el municipio de Tame y una en jurisdicción de Fortul.

El 17 de junio, a las 4:30 de la tarde, cerca al caserío de Santo domingo municipio de Tame, fue asesinado el señor FREDDY ADELFO PÉREZ, de 30 años de edad, quien según información periodística se desempeñaba como instalador de redes de internet.

El 13 de junio, a las 5:00 p.m., en la vereda Nuevo Caranal del municipio de Fortul, fue ultimado el joven ARJEIDES DANIEL CALVO TRILLOS de 23 años de edad.

El 13 de junio, en el sector de la vereda Los Andes, municipio de Tame, fue asesinado el joven JONATHAN EDUARDO LIZARAZO GONZÁLEZ de 21 años.

Por lo anterior, llamamos a los organismos de justicia y control del Estado a iniciar las investigaciones de manera inmediata y efectiva que lleven a esclarecer los hechos y los autores de los mismos, así mismo al Estado colombiano para que adopte la medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de las víctimas y los pobladores en general.

Invitamos a la comunidad nacional e internacional a continuar monitoreando la grave crisis social y humanitaria, y exigirle al gobierno nacional cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

A los actores del conflicto armado, excluir de sus acciones a las comunidades, sus bienes y proyectos, mientras se exploran caminos que lleven a la superación de las causas estructurales que lo han originado para comenzar a trasegar verdaderos caminos de paz.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA

 
Comité Ejecutivo Regional
Fundación de DD.HH. Joel Sierra.

Arauca-Colombia, 19 de junio de 2013.

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