JIW: LA AGONÍA DE UN PUEBLO

En enero de 2009, a través del Auto 004, la Corte Constitucional llamó la atención sobre la situación de riesgo y de extrema vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas en Colombia.

El pueblo Jiw, antes conocido como guayabero, es uno de los 34 pueblos indígenas bajo amenaza de extinción física y cultural como consecuencia no sólo de la violencia, sino del abandono del Estado y los intereses que se ciernen sobre sus territorios para la explotación de recursos naturales y el desarrollo de grandes proyectos económicos. En compañía de Kelly, antropóloga, he visitado el resguardo Jiw de Barrancón, en el municipio de San José del Guaviare, con la tarea de documentar su situación actual para la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Dejamos el casco urbano de San José para dirigirnos al resguardo indígena Jiw del Barrancón, a 6 kilómetros de la cabecera municipal. San José, capital del Departamento del Guaviare, en el oriente del país, es una ciudad de unos 40.000 habitantes a orillas del río Guaviare, mayor afluente colombiano del Orinoco, donde los llanos ganaderos se encuentran con la selva, la Amazonía al sur y la Orinoquía al norte. Los negros nubarrones que se dibujan en el horizonte y el silbido del viento al peinar los árboles presagian tormenta. El resguardo solo está a media hora en coche de la ciudad, dependiendo de las condiciones de la vía, hoy bastante aceptables aunque en días pasados el tránsito de vehículos se ha visto alterado por la intensidad de las lluvias y he tenido que retrasar la visita varios días. Pastos para las reses, palmeras silvestres, algunos cultivos y árboles diseminados resumen el paisaje de los Llanos Orientales. Llaneros a caballo, sombrero y poncho al hombro, campesinos colonos de territorios indígenas, «raspachines» de los cultivos de coca, indios desplazados de la selva, militares de las Fuerzas Armadas, guerrilleros, paramilitares, trabajadores de agencias humanitarias y gubernamentales pueblan el departamento. En el trayecto no nos hemos encontrado con ningún coche, solo con algunos indígenas caminando, un grupo de caballos arreados por un par de colonos y un grupo de soldados que han dejado la vía libre ante nuestro paso. Antes de llegar a la comunidad nos topamos con instalaciones militares. Aquí se encuentra una base de entrenamiento de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Infantería de Marina que ocupa 250 hectáreas, 6 de las cuales pertenecen al resguardo Jiw de Barrancón, lo que ha provocado un conflicto jurídico entre la comunidad y el Ejército.

Pleito con el Ejército.

Un nuevo pulso entre el Estado y comunidades indígenas en Colombia, comunidades que se ven ahora amparadas por el Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional ya que da al Ministerio de Defensa un plazo de seis meses para reubicar parte de las instalaciones de la base militar que ocupan 6 hectáreas del resguardo indígena de Barrancón, tierras donde ancestralmente ha vivido el pueblo Jiw. Un informe entregado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a la Corte señala que «la invasión del terreno» por parte de los militares comenzó en abril de 1997 con la construcción de una piscina a cambio de perforar dos pozos y la red de tuberías para el abastecimiento de agua de los indígenas.
Un año después, según el mismo Incoder, la zona fue rodeada de trincheras y búnkeres. En dicha área, relata el Auto del tribunal constitucional, se han identificado 19 construcciones superpuestas con el territorio del resguardo, entre ellas 7 permanentes: una piscina, una torre de vigilancia, alojamientos, un tanque de agua elevado, una planta de acueducto, aulas de instrucción y una pista de entrenamiento, incluido un polígono de tiro. Los informes llegados a la Corte afirman que el polígono de tiro queda detrás de las “chagras” (cultivos) de la comunidad, «lo que representa un grave peligro para sus habitantes».

Los indígenas recibieron el resguardo en 1975, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les adjudicó 2.500 hectáreas. En 1980, el Incora tituló a nombre del Ministerio de Defensa un terreno baldío contiguo al resguardo para montar una base. Según estableció la Corte, esa adjudicación se produjo años después de la conformación del resguardo indígena de la comunidad Jiw por lo que los derechos de usufructo de la tierra son de la comunidad y no del Ministerio de la Defensa.

“Es una buena noticia pero veremos en qué queda todo. El Ejército se extralimitó en el área que podía utilizar y de allí nació el conflicto actual que ya dura 5 años. La presencia militar fijó límites para la movilidad de las comunidades y restricciones a la circulación de bienes básicos como alimentos y medicamentos, el hecho de transitar de un lugar a otro se convirtió en motivo de señalamientos, amenazas y hostigamientos particularmente contra autoridades tradicionales, al ser acusados de informantes de uno u otro grupo armado. Estas comunidades se han visto terriblemente afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y, en consecuencia, despojadas del territorio propio», afirma la antropóloga. También menciona que miembros de estas comunidades, en muchos casos menores, son obligados a trabajar en cultivos ilícitos y son reclutados por grupos armados. Además, desde el 2006, según informes de distintas instituciones, 25 indígenas han sufrido accidentes por minas antipersonales, trampas y municiones sin explotar, instalados por todos los actores del conflicto para cerrar el paso del bando contrario, hechos que han dejado muertos, heridos y amputados entre los guayaberos.

“El problema es que por el conflicto que se presenta en el medio Guaviare los guayabero han sufrido grandes procesos de desplazamiento masivo de población y muchas de las familias se han tenido que movilizar al resguardo de Barrancón, porque es donde tienen su familia. Debido a esto, aumentó la presión poblacional sobre el área del resguardo lo que ha causado bastantes problemas internos en la comunidad por cuestiones de subsistencia,” indica Kelly.

Igualmente, la Corte ordenó al Ministerio del Interior que elabore un informe de seguridad sobre los líderes amenazados de la comunidad Jiw para que se verifique «la activación de la ruta de protección y se identifiquen cuáles han sido las medidas adoptadas». Y al Ministerio de Educación le pide que preste asesoría y asistencia técnica, así como el apoyo financiero necesario para la formulación de los proyectos etnoeducativos para dichos pueblos. A renglón seguido, sostiene que “la seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena Jiw, asentado en el resguardo de Barrancón”.

El largo proceso de pérdida territorial de los Jiw.

Días antes de la visita, Norma, antropóloga que trabaja para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y amiga de Kelly, me hace una descripción realmente dramática de la situación de la tierra de los guayabero mientras tomamos café en una terraza del parque central de San José.

Los Jiw han sufrido un proceso de pérdida territorial asociado a los diferentes ciclos de violencia en la zona inter fluvial que han ocupado ancestralmente y que nos lleva desde la cacería de indígenas que tuvo lugar con la fiebre del caucho en el siglo XIX a la colonización en la región del río Ariari y las matanzas cometidas desde mediados del siglo XX durante el periodo conocido como La Violencia. En sus orígenes se trató de un conflicto interétnico entre colonos e indígenas cuyas consecuencias son evidentes en la actualidad: la prosperidad de la colonización de los Llanos con base en la explotación agrícola y ganadera ha restringido el espacio vital de los grupos indígenas cazadores y recolectores, de tradición nómada y seminómada, disminuyendo drásticamente las posibilidades de consumo de proteína animal (por el agotamiento de la fauna silvestre) viéndose así obligados a desaparecer como grupo o a reproducirse precariamente bajo otros sistemas adaptativos relacionados con la horticultura y el sedentarismo en los estrechos límites de los “resguardos” establecidos allí por el Estado.
Más tarde el impacto que tuvo sobre el pueblo Jiw la violencia política de mediados del siglo XX aparece reiteradamente en los relatos de las comunidades. En todos ellos son mencionados personajes como Dumar Aljure y Hernando Palma, quienes con sus actos de violencia contra este pueblo causaron una migración forzada de estas comunidades que les obligó a buscar refugio en territorios más apartados. Tanto uno como otro terminaron fundando haciendas con mano de obra indígena, lo que equivalía en la práctica a mano de obra esclava.

En síntesis, al iniciar la década de los noventa, el pueblo Jiw se encontraba ubicado en los resguardos que para ese momento les habían sido titulados. Ya para entonces su situación era bastante desventajosa debido a la fuerte restricción territorial que había implicado la colonización y la violencia desatadas desde mediados del siglo, de manera que ya algunos de los conocedores de la región hablaban de riesgo de extinción. Fundamentalmente porque la colonización blanca, basada en la coca y en la ganadería, les ha robado sus tierras, también las del resguardo. Los guayaberos – como la mayoría de los indígenas de la Orinoquía-Amazonia, combinan en forma muy sabia el uso de la selva y el llano, y el blanco les arrebata una y el otro; el trabajo asalariado y el cultivo comercial de la coca los amenaza porque no han logrado adaptarse a ellos, y por último, la acción del Estado es débil y medrosa.

El ritmo de vida pacífico de los Jiw fue interrumpido una vez más a finales de los años noventa, cuando grupos paramilitares llevaron a cabo en la localidad de Mapiripán, en el vecino Departamento del Meta, una de las más crueles masacres de la historia de Colombia. Desde entonces, el río Guaviare se convirtió en una zona de disputas y los indígenas que en la mitad del siglo habían llegado a esta zona huyendo de La Violencia empezaron a sufrir las consecuencias del conflicto armado, que durante los últimos quince años ha generado graves y sistemáticas violaciones a los derechos individuales y colectivos de estas comunidades. Los Jiw empezaron a abandonar su vasto territorio para asentarse en resguardos próximos a las cabeceras municipales de San José del Guaviare y Mapiripán, como en el caso del resguardo de Barracón, el mayor resguardo indígena receptor de población víctima de desplazamiento interno aunque uno de los más pequeños (se estima que el conflicto armado durante las dos últimas décadas ha ocasionado la expulsión violenta de sus resguardos de por lo menos el 60% de los Jiw) lo que ha producido una fuerte desestructuración del proceso comunitario y ha llevado en el largo plazo a una pérdida territorial que explica la situación actual del pueblo Jiw.

El Gobierno reconoce en reciente publicación que ha titulado a estas comunidades más de 60.000 hectáreas. “En la realidad el indígena no se ha dado cuenta de tal acción. Las casi 25.000 hectáreas de Barranco Ceiba están prácticamente perdidas; la reserva de La María o Venezuela se extinguió porque los indígenas murieron a causa de una epidemia de tuberculosis; de la reserva de La Sal, que tenía 3.700 hectáreas, les fueron robadas 1.500 por un empresario de la coca; la comunidad de La Fuga, fue diezmada por Dumar Aljure en los años cincuenta y luego prácticamente destruida por una invasión de tukanos en los años sesenta. En La Fuga quedan hoy sólo dos familias guayaberas. La comunidad de Tril-a emigró cuando el lugar se transformó en “embarcadero de merca”. Total, sólo queda completa la reserva de Macuare. Sumando las tierras guayaberas, el total es inferior a las 25.000 hectáreas, cuando antes ocupaban cientos de miles de hectáreas en amplias zonas de sabana adyacentes a los ríos Guayabero y Ariari, que se unen para formar el río Guaviare. Esta es la lamentable situación del pueblo Jiw,” termina diciendo Norma.

Resguardo Barrancón.

Llegamos al resguardo, uno de los 7 en donde sobreviven los poco más de 2.000 miembros del pueblo Jiw aunque además de los resguardos legalmente reconocidos, existen en este momento 10 asentamientos de población Jiw conformados por familias víctimas de desplazamiento forzado.
Aquí habitan aproximadamente 598 indígenas Jiw, distribuidos en tres sectores de población original que suman 410 habitantes, y tres sectores de población en situación de desplazamiento que suman 188 habitantes, la mayor parte de los cuales no considera cercana la posibilidad de retornar a sus territorios de origen.
Llegaron al sitio actual hacia mediados del siglo XX, tras haber salido del actual San José cuando la localidad comenzó a crecer espontáneamente como puerto sobre el Guaviare desde principios de los años treinta, al lado de su asentamiento. Con la Segunda Guerra Mundial llegó la Rubber Development Corporation y estableció un puesto de compra y una bodega. A medida que el sitio se fue poblando, el asentamiento indígena se fue desplazando hacia el lugar donde se encuentra en la actualidad, Barrancón. Los indígenas se quejaban de que durante la bonanza perdieron 3.500 hectáreas que les fueron arrebatadas por colonos. A pesar de que el Incora les había asignado 6.000 hectáreas, sólo les escrituró 2.500, convalidando el desalojo.

Educación.

Pasamos por un pabellón de ladrillo que sirve de escuela. Es domingo y hoy no hay clase. Afuera ondea una bandera de Colombia en un mástil clavado a pocos metros del edificio. Las condiciones de las aulas destinadas al proceso educativo en la mayoría de los resguardos y asentamientos Jiw son muy precarias, y los materiales de que disponen son escasos y desactualizados. “En todas las comunidades Jiw se presentan niveles de escolaridad muy bajos y altos índices de deserción escolar entre los menores. Los menores abandonan la escuela una vez tienen la edad suficiente para conformar parejas y para apoyar en el desarrollo de actividades que puedan representar un ingreso económico o apoyar la subsistencia de su familia. En todo el pueblo Jiw sólo existen tres personas que cuentan con estudios de secundaria completados. Ningún miembro del pueblo Jiw ha accedido a la educación superior. Esta situación contribuye de forma directa a reproducir los esquemas de exclusión a los que históricamente han estado sometidas estas comunidades” me explica Kelly. Continua diciéndome que “la débil infraestructura existente en las comunidades indígenas para el desarrollo del proceso educativo, la necesidad de incorporar a los integrantes de la comunidad tempranamente a actividades productivas, la escasez de docentes dentro del mismo pueblo Jiw y la inexistencia de un proyecto etnoeducativo propio son los principales factores que inciden en esta situación”.

Dentro de las comunidades se imparte el ciclo de formación primaria, en tanto que para el acceso a otros niveles educativos, los estudiantes deben trasladarse a las cabeceras municipales, donde se vinculan a un sistema de educación que no atiende a sus características culturales, y por ende, implica una fuerte ruptura frente a los referentes de la comunidad. En el resguardo Barrancón algunos de los menores asisten a la escuela ubicada dentro de la base de la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército, lo cual, además de las consecuencias que tiene en materia de vulneración al derecho a la educación propia, constituye una clara infracción a los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.
Organización social.

Cerca de las escuelas visitamos a Ignacio, capitán del resguardo. La organización social está basada en tres figuras de autoridad centrales: los payeses o médicos tradicionales, los cantores y los capitanes. Estos últimos se encargan de la interlocución con los “blancos”, principalmente con los representantes de instituciones y entidades estatales. Los médicos tradicionales y cantores son un referente de autoridad en términos de preservación de las tradiciones culturales.

La casa de Ignacio tiene paredes de madera en dos de sus lados y el tejado de hojas de palma. Las camas, tablas de madera levantadas del suelo, se alinean todas juntas contra la pared. Las mosquiteras cuelgan de las vigas del techo. En un estante guardan los pocos utensilios de cocina que tienen. A pocos metros un deposito para el agua y unas gallinas. La casa está repleta de críos y crías. Kelly me describe lo que tengo ante mis ojos. “Cada “maloca” está conformada, por lo regular, por dos o más familias extensas, unidas por vínculos matrimoniales. El jefe de cada familia, es decir, el padre o el hijo mayor –cuando el padre está anciano, tiene cierta autoridad sobre los demás. Pero suele pasar que en cada maloca hay una familia más importante o reconocida como tal por los demás miembros de su familia, generalmente en razón de la primera posesión del sitio de vivienda. El jefe de esta familia principal tiene autoridad no solo sobre su familia, sino también sobre el grupo. Con él se discuten los temas de interés para el grupo, tomando decisiones por deliberación y convencimiento, mas no por imposición”.

Los Jiw se han desplazado principalmente atendiendo al patrón de familia extensiva, de acuerdo con la cual un grupo de familias se mueven en torno a un líder reconocido por todos. Estos clanes han permanecido juntos en términos generales y ello evidencia la fuerte cohesión comunitaria al interior del pueblo Jiw en torno a esta figura. Otros factores que dan muestra de la fortaleza cultural del pueblo Jiw son la persistencia del patrón de unión endogámica, la defensa de sus tradiciones culturales, evidenciada entre otras en el uso prevalente de su propia lengua en todas las comunidades, y su empleo como canal de transmisión cultural a los niños y niñas, quienes se comunican cotidianamente en /Jiw Jame/.

Alimentación.

“El pueblo Jiw quiere volver a su forma de vida ancestral. Una población tan dispersa implica también un difícil acceso a los servicios. Necesitamos volver a un lugar libre para trabajar, continuar desarrollando nuestra cultura, conseguir comida y plantas medicinales. Nos mantenemos en un nivel de supervivencia. Nuestra alimentación depende de los cultivos de yuca y otros productos de pancoger como la caña de azúcar, de la caza y de la pesca” me dijo Ignacio. Sin embargo, según la antropóloga, la comunidad ha tenido problemas de nutrición debido a restricciones para el acceso a alimentos, debido a la limitación de la movilidad de los indígenas por su territorio y la presión de la colonización.
En los resguardos más próximos a las cabeceras municipales, como es el caso del resguardo Barrancón, en los que la situación de conflicto es menos grave, la vulneración del derecho a la alimentación se asocia con otros factores, como por ejemplo la escasa disponibilidad de suelos aptos para desarrollar cultivos o las dificultades asociadas con las condiciones para acceder a la pesca en el río Guaviare debido a la alta presencia de pescadores que a través de técnicas más sofisticadas explotan los recursos existentes, así como la degradación de ecosistemas que soportan la fauna y permiten la cacería en este territorio.

“Como consecuencia de ello, todas las comunidades Jiw manifiestan que en los últimos años han tenido que modificar su dieta tradicional y destacan las dificultades para obtener alimentos; principalmente proteínas, lo que está llevando a que los niños y niñas mueran por desnutrición, una situación que se va extendiendo y no es un problema de falta de recursos, sino de voluntad política” concluye Kelly.

Salud.

Como la mayoría de los habitantes del Guaviare estos pueblos padecen grandes dificultades en la atención de la salud. Por un lado, la ESE (empresa social del estado) que debería atender esta población está quebrada y las EPS (empresas prestadoras de servicio de salud) se están yendo del Guaviare, pero además no hay enfoques diferenciales de atención en salud. En las zonas más selváticas la situación es aún más grave por el conflicto porque las fuerzas en contienda limitan la entrada de brigadas de salud e impiden la movilidad de estas poblaciones.

Visitamos a Arturo, otro líder comunitario. No es indígena sino desplazado, pero aquí vive. La casa es de madera, humilde, con un porche donde hay una mesa y una banca para sentarnos. Nos sirve limonada mientras los mosquitos intentan alimentarse a nuestra costa y llega el aguacero en su cita vespertina. Le pregunto por la situación de la salud en el resguardo. “El desplazamiento forzado ha implicado para los médicos tradicionales la imposibilidad de acceder a las plantas necesarias para desarrollar sus labores, con lo cual su lugar en la comunidad se ve afectado y se genera una perdida cultural significativa”, puntualiza Arturo para seguir diciendo que “la mayor parte de las comunidades se encuentran alejadas de las cabeceras municipales y no cuentan con medios de transporte y de comunicación necesarios para trasladarse o informar sobre situaciones de emergencia, y de manera más amplia para acceder a servicios de salud básicos.” “El acceso a la salud es limitado entre otras cosas por la debilidad en la red prestadora de servicios en las áreas rurales; la escasa capacidad resolutiva de las instituciones que en ocasiones carecen de personal médico, equipos adecuados, medios de comunicación y de transporte, así como un alto déficit en materia de provisión de medicamentos en forma suficiente y oportuna,” añade Kelly.

En el año 2006, el médico Javier Maldonado identificaba en el resguardo Barrancón las principales patologías que presentan sus habitantes, destacando una alta incidencia de enfermedades prevenibles que muestran la relación con factores exógenos asociados con las condiciones de vida de las comunidades. Entre otras se encontraron: infecciones respiratorias agudas, poli parasitismo intestinal, enfermedad diarreica aguda, desnutrición y anemia. El índice de desnutrición se ubica en 53,2%, casi 10 veces superior a la media nacional de 5,8%.

Conclusión.

La situación actual del pueblo Jiw no puede explicarse solamente por las consecuencias que el conflicto armado ha tenido sobre éste en la última década. Se trata de un largo proceso de violencia y despojo territorial que atraviesa la historia de la región de los Llanos Orientales y que permite comprender la magnitud del impacto que han sufrido los pueblos indígenas que allí habitan, quienes han sido sistemáticamente desplazados de sus territorios ancestrales; con lo cual el acceso a los recursos básicos para garantizar su subsistencia se ha hecho cada vez más limitado. Corresponde al Estado garantizar los derechos fundamentales del pueblo Jiw, así como reparar de forma efectiva los daños causados con ocasión de los episodios de violencia que han afectado a estas comunidades. Este proceso solo podrá desarrollarse a partir de un dialogo permanente con las autoridades del pueblo Jiw que avance en el reconocimiento efectivo de su autonomía y derechos. Para ello, el camino habilitado para la construcción de un plan de salvaguarda étnica en los términos ordenados por la Corte Constitucional, constituye un paso de gran importancia.

Además, el fin del conflicto visibiliza otra guerra: la de las multinacionales contra los pueblos. La Constitución de 1991 reconoce los territorios ancestrales de indígenas y afrodescendientes bajo el nombre de “resguardos”. Se han creado más de 600 resguardos indígenas que ocupan un tercio del territorio colombiano y son las zonas de expansión del extractivismo.

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