Alternativas Pactadas sobre cutltivos de uso ilicito

Comunidades campesinas concentradas en el corregimiento Rastrojos-Bolívar, sobre la Troncal del Macizo, vía que conduce de El Bordo (Patía) a Bolívar, provenientes de las Veredas: El Guineal, Boquerón, Peña-Blanca, El Rodeo, Esperanza, Mosquitillo, Dominga Corozal, Bajo Llano, El Cocal, La Florida, Golondrina, El Hato,
con el acompañamiento de otros Corregimientos de los municipios de Bolívar, Sucre y Almaguer, colocan en conocimiento a
nivel Regional y Nacional lo siguiente:

Las comunidades campesinas de los Corregimientos de Lerma, Carbonera, Guachicono y Melchor del municipio de Bolívar, Veredas El Crucero Bello, El Retiro y Tequendama del Municipio de Sucre, y Corregimiento de Llacuanas y la Cabecera del Municipio de Almaguer, se encuentran en Asamblea Permanente desde el 29 de abril de 2012, en espera de una Comisión conformada por el Gobierno Municipal, Departamental y Nacional que revise los Acuerdos con los pequeños productores y estabilice un espacio decisorio de interlocución y concertación frente a los cultivos de uso ilícito.

El domingo 28 de octubre en el Territorio de Paz y Convivencia de Lerma-Bolívar, más de 200 líderes y lideresas de los municipios de Bolívar, Sucre, y Almaguer en Asamblea de Delegados-as ratificaron permanecer en Asamblea Permanente en vista que a la fecha no ha habido voluntad de diálogo y cumplimiento de acuerdos por parte de las instituciones competentes.

El mismo día, en el corregimiento Rastrojos, hace presencia un grupo de erradicadores con apoyo militar por parte de miembros del Batallón de Alta Montaña No. 4 Bejamin Herrera-Ejército Nacional, con el propósito de empezar labores de erradicación forzada de cultivos de coca en la zona.

El lunes 29 de Octubre del presente, respondiendo a la presencia de los erradicadores y del ejercito nacional, las comunidades campesinas iniciaron a concentrarse en la vereda La Pajosa y se declararon en resistencia contra la erradicación forzosa, buscando solución política y dialogada a esta situación, que pone en crisis la economía, la alimentación y la seguridad de las familias campesinas movilizadas.

El martes 30 de Octubre 2012, voceros de las comunidades movilizadas, expresaron la problemática y las exigencias al Gobierno Nacional, el cual no muestra voluntad para el diálogo, ante la presencia del Gobierno Municipal de Bolívar en cabeza de la alcaldesa, Yolanda Meneses; la Personera Municipal; la Gobernadora Encargada-Secretaria de Gobierno Departamental, Milena Cabezas, el Defensor Regional del Pueblo, Víctor Meléndez y delegado del Departamento para la Prosperidad Social-DPS Territorial Cauca.

La Asamblea Permanente, concentrada en la Vía al Macizo, ratifica la voluntad de diálogo y concertación, propone se defina una política flexible e
integral, que apunte a resolver problemas sociales, económicos, ambientales y culturales, en especial la situación de los cultivos de uso ilícito, donde se debata la aplicación de la política antidrogas en Colombia y se implemente en los territorios productores de coca un Plan de Desarrollo Alternativo Concertado, con el que se financie, se brinde asistencia y garantía de comercio a procesos productivos sostenibles en el mediano y largo plazo, orientados a consolidar económica, social y
ambientalmente las unidades productivas familiares y asociativas de pequeños productores.

Por tales consideraciones las comunidades campesinas movilizadas, rechazan toda forma de imposición violenta contra las y los productores de Coca en el Macizo Colombiano, y convocan al Gobierno Nacional y a las Instituciones del Estado Competentes, para que se planteen alternativas concertadas a la aplicación de medidas represivas que agreden la dignidad humana, estigmatizan a campesinos pobres como narcotraficantes, y no reconoce que esta forma de subsistencia ha sido forzada por la falta de atención a sus necesidades y derechos fundamentales por parte del Estado, y a la ausencia de una política agraria que reconozca al Campesinado como Sujeto de Derechos y reivindique la economía campesina.

Se reclama sobre la deuda histórica del Estado Colombiano con la agricultura campesina, que pervive a pesar de la exclusión y el abandono sumida en múltiples crisis económica, social, institucional, tecnológica, que ha agravado el actual conflicto social y armado, y requiere de un tratamiento político y de fondo para garantizar soluciones estructurales y mejores condiciones que dignifiquen la calidad de vida de las comunidades campesinas.

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