Amenazas y hostigamiento contra comunidades de Casanare y Boyacá

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las condiciones de amenaza y hostigamiento que se están generando en contra de las comunidades que habitan los departamentos del Casanare y Boyacá y que son objeto de preocupación por organizaciones indígenas, campesinas, de víctimas, obreras y defensoras de derechos humanos que hacen presencia en la región.

En los últimos días, en distintos municipios del Casanare, las comunidades han tenido conocimiento a través de la prensa regional y en algunos lugares con la aparición de panfletos en el que se advierte de la reactivación de las Autodefensas Campesinas de Casanare, anunciando su accionar en los departamentos de Boyacá y Casanare.

Es realmente preocupante la actitud de las instituciones y organismos de seguridad respecto a estos panfletos quienes pretenden minimizarlos y tratarlos sin ninguna gravedad, cuando en el pasado estos hechos fueron la antesala de toda forma de violación sistemática a los derechos humanos como homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado de campesinos e indígenas de esta región del piedemonte llanero, que luchan por resistir en medio del conflicto armado.

Estas graves violaciones de derechos humanos que, según constan en procesos judiciales, fueron perpetradas con conocimiento, apoyo y aquiescencia de agentes del Estado, constituyen crímenes de lesa humanidad; crímenes que en la actualidad se encuentran en la impunidad.

Es claro que las amenazas se dan justo cuando procesos organizativos empiezan a emerger en su defensa por la tierra y el territorio, y la lucha por la memoria y contra el olvido en los Departamento de Casanare y Boyacá, proponiendo escenarios de denuncia, formación y movilización.

Las empresas multinacionales operadoras de los campos petroleros en la región, no solo destruyen implantando la violencia y ejerciendo la coerción sobre el liderazgo social, sino que además afectan los recursos naturales de manera acelerada. A su vez, el recrudecimiento del conflicto armado entre la insurgencia y las fuerzas militares, que implementan una intensa campaña militar generan una situación crítica de riesgo para la seguridad de la comunidad como población civil.

Por lo anterior exigimos a las autoridades que se identifiquen los responsables de las intimidaciones y amenazas para que sean investigados, procesados y sancionados.

Igualmente, exigimos a las autoridades locales, departamentales y nacionales las garantías necesarias y suficientes para la protección a la vida de los habitantes de esta región frente a la situación de alto riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran en los municipios de Monterrey, Villanueva, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Tamara, Nunchia, Tauramena, Recetor, Chameza, San Luis de Gaceno, Tauramena, Aguazul, Yopal y Maní entre otros, lugares donde los procesos organizativos han expresado temor por dicha situación.

CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA – COSPACC
FUNDACION PODION
ACADEHUM
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA DE
BOYACA Y CASANARE
CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO
FAMILIARES COLOMBIA
RESGUARDO INDIGENA U ́WA CHAPARRAL BARRO NEGRO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *