Infraestructura petrolera es más importante que vida de araucanos

Mientras desde el alto gobierno se habla del aumento de pie de fuerza con alrededor de 5000 hombres para cuidar los intereses del capital transnacional representado en la construcción del denominado oleoducto Bicentenario, la vida de los pobladores de Arauca no despierta ninguna preocupación, pues los guarismos de muertes violentas continúan su cifra exponencial.

Sumado a los más de diez asesinatos reseñados en nuestra anterior denuncia pública en la primera semana de julio, se presentaron otros cinco casos.  

El 7 de julio, fue trasladado desde las afueras del municipio de Cubará, Boyacá hasta la morgue del municipio de Saravena el cuerpo sin vida de un hombre quien no había sido identificado.

Ese mismo día, en el municipio de Tame, fue asesinado el señor EDILBERTO RODRÍGUEZ CARO, de 73 años de edad, en su residencia de habitación del barrio La Unión. El hecho ocurrió a las 8:00 de la noche, cuando fue sorprendido por un sujeto que le propinó un golpe contundente que le cegó la vida.

Por su parte en el barrio Libertadores del municipio de Arauca, se registró el homicidio del joven ÁNGEL RAFAEL ROMERO, de 28 años de edad, a quien según las autoridades policiales se le halló en su poder un número importante de sustancias alucinógenas y presenta antecedentes por micro-tráfico de drogas.

El 4 de julio, en el sitio conocido como Puente Político de la vereda Puerto Nariño municipio de Saravena, fue asesinado el señor LUIS HERNANDO CASTRO VALDEZ, de 35 años de edad, quien era natural de Valledupar-Cesar.

El 29 de junio, fue ultimado con arma de fuego, el señor JOSÉ LEONARDO MORALES ROSAS, quien se desempeñaba como celador del IDEMA en el municipio de Saravena.

Por lo anterior no se justifica que las autoridades estén vanagloriándose de un supuesto descenso de los hechos delictuosos en el departamento cuando asistimos a una vorágine de muertes, robos, amenazas, atentados con explosivos en los que resultaron afectados miembros de la población civil, etc.

Una vez más hacemos un llamado al Estado colombiano a cumplir con su obligación constitucional e internacional de proteger la vida, la integridad y los bienes de los pobladores, así como a investigar responsablemente estos hechos.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO.

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA

Comité Ejecutivo Regional
Fundación de DD.HH. Joel Sierra.

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