Un paso adelante, ¿dos atrás? Balance político del 2011

El 2011 fue un año de ratificaciones y decisiones. El movimiento popular, continúan en la inclaudicable tarea de reunificarse y constituirse como fuerza política. La oligarquía empotrada en el Estado en cabeza de Juan Manuel Santos, impone un modelo económico a sangre y fuego, que arrasa con territorios y pueblos, siempre al servicio de los intereses del gran capital transnacional. La lectura y el balance que ofrecemos a los sectores organizados y no organizados del pueblo colombiano del año que está terminando, es en dos claves: los avances del movimiento popular colombiano y la consolidación de un país reserva con regalías únicas para la clase dominante.
Los escenarios de articulación que desde hace pocos años han venido creándose, tuvieron este año otra manifestación de su creciente poder y convocatoria. El encuentro de comunidades por la paz en Barrancabermeja y el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías (escenario de desarrollo del Congreso de los Pueblos) en Cali, con más de 15 mil personas en cada uno, permitieron avanzar en distintos niveles. La afirmación de que la tierra es para el que la ama, la cuida y la conserva y que la paz no es silenciamiento de los fusiles sino la construcción de un país para la vida digna son las consignas que este año fueron construidas al calor de la discusión y la construcción colectiva.

Adicionalmente, hubo, entre muchos otros que se nos escapan, dos escenarios de movilización fuerte por parte de sectores organizados del pueblo: el primero fue la lucha de los trabajadores petroleros en Campo Rubiales (Meta) contra la esclavización de la multinacional Pacific Rubiales, en donde la USO tuvo un papel fundamental; y el segundo, la lucha de los estudiantes que recibieron el apoyo de diferentes organizaciones, y que lograron a fuerza de movilización, discusión y creatividad que el gobierno de Santos bajara el proyecto de ley que reforma la Ley 30, cuyo objetivo era consolidar el modelo neoliberal y privatizador para la educación pública.

No obstante, la máquina política, militar e ideológica de la oligarquía colombiana no se queda atrás. La clase dominante asestó, en lo corrido del año, golpes contra el pueblo colombiano, con el objetivo de continuar su precarización y explotación, y de cerrar los negocios que les llenan los bolsillos. El modelo económico de saqueo reafirma el papel que Colombia cumple en la división internacional del trabajo en términos de ser una reserva de materias primas y recursos naturales. Así lo asume el gobierno y en ese sentido están direccionadas sus acciones. Las locomotoras de la minería, la agroindustria y la infraestructura así lo demuestran.

La ley de víctimas, con el famoso capítulo de restitución de tierras, esconde tras de sí la formalización de títulos de propiedad como estrategia para eliminar trámites en el proceso de despojo que las empresas multinacionales cometen contra los pueblos, dueños legítimos de la tierra. La firma del TLC por parte del gobierno de EE.UU., consolida la venta del país a los intereses de banqueros y multinacionales gringas, con la engañifa de prosperidad y abundancia para Colombia. El gobierno de la Unidad Nacional, con mayoría parlamentaria aprueba proyectos de ley a manos llenas, legalizando ilegítimamente, los despropósitos y desmanes que en terreno se vienen cometiendo desde hace años.

La estrategia de diálogo del gobierno de Santos, caracterizada por una ruptura mediática con el paramilitarismo en cabeza de Álvaro Uribe, vende la falsa idea de un gobierno de tercera vía. Pero tanto en el campo como en la ciudad, se sigue sintiendo la fuerza brutal de la bota militar y paramilitar; el hecho más reciente es el asesinato en combate de Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC, víctima de un ataque desmedido con toneladas de bombas de un gobierno que, al tiempo que habla de paz y de negociación invierte 7,2 billones de pesos en un plan para el fin de la guerra y recluta 26.000 jóvenes más para que empuñen las armas y defiendan las familias que gobiernan el país. El reclamo de solución política negociada ve cada vez más lejana su realización, y tanto la muerte de Cano como el reciente asesinato de cuatro secuestrados señala el nivel de degradación que ha alcanzado este conflicto que tiene en su origen el despojo y la muerte impuestos por la oligarquía.

Finalmente, las elecciones de octubre para puestos ejecutivos regionales y locales arroja varios resultados: i) la consolidación de mafias paramilitares y narcotraficantes en vastos lugares del país, como es el caso del parapolítico Juan Carlos Martínez, gamonal del Valle del Cauca, que dispone de su reclusión como si tal no existiera, ii) la abstinencia masiva de un pueblo que no cree en candidatos lejanos ni en elecciones ilegítimas, y iii) la derrota política del Polo Democrático Alternativo, víctima del mal manejo de sus directivas y de una clara campaña de desprestigio por parte del establecimiento. Las reflexiones deber ir en varios sentidos, entre ellos y el más importarte para la Red, seguir fortaleciendo del movimiento popular con miras cualificar nuestra propuesta de país y de nuevas relaciones sociales desde la construcción del poder popular, el poder del pueblo.

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