Sentencia del tribunal del juicio ético a las transnacionales en Argentina

El Juicio Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.

El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.

El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de:

– Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia
– San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).
– Wanda – 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera

En estas audiencias fueron juzgadas: Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA., Río Tinto – Vale S.A. y PRC S.A. (Potasio Río Colorado SA), Proyecto Navidad (Pan American Silver), Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná.

Ledesma S.A.A.I., corporación de capitales de origen argentinos, fue incluida en este Juicio por sus vínculos y sociedades con las corporaciones transnacionales, porque reproduce sus métodos productivos y estilo empresarial, y porque es un caso emblemático -como grupo de poder económico civil-, en su complicidad con la desaparición, tortura y asesinatos de luchadores sociales cometidos por la dictadura cívico militar de 1976-1983, así como con la represión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad.

En la última audiencia, la fiscalía pidió que se agregue la condena a corporaciones transnacionales productoras de agrotóxicos, sumando a Monsanto, a las empresas Novartis, Syngenta, Bayer, y a las empresas farmacéuticas como Big Pharma, por la realización de investigaciones clínicas de sus nuevos productos con la sangre, el dolor y la vida de más de 50.000 argentinos y argentinas.

Por qué un Juicio Ético Popular
 
En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones, de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden.
Esa “justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve.

Es desde esa perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular.

El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias.

El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la vida. Partimos de una interpretación de la vida deudora de la relación que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza,  la idea de “buen vivir”.
El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados preparada por las sangrientas dictaduras militares, que continuó en democracia con los mismos argumentos de “favorecer el desarrollo y el progreso”.

A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal sostiene que no es lo mismo vivir “de” la naturaleza que vivir “con” y “en” la Naturaleza. Sin embargo, en defensa de los cometidos insaciables de las empresas transnacionales, y en un marco de profundización de la lógica capitalista y de expansión de las fronteras de explotación, se destruye el medio ambiente y se tiende a acabar a pueblos enteros, a comunidades indígenas y criollas campesinas que hoy parecen ser consideradas “poblaciones sobrantes” de la sociedad.

Si la enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial capitalista, un Juicio Ético Popular contra sus principales operadores -en el contexto de los Bicentenarios independentistas de Nuestra América-, tiene por finalidad apoyar las luchas contra-coloniales, y abrir nuevas brechas de emancipación.

Este Juicio afirma su carácter popular por los intereses que defiende, por las luchas de las que nace, y porque está hecho por y para los movimientos que reivindican la capacidad del pueblo y de sus organizaciones para ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.
Afirmado como propuesta de justicia de los oprimidos y oprimidas, este Tribunal Ético Popular hará llegar los informes sobre los casos juzgados y las sentencias a las comunidades en lucha, para compartir los aprendizajes, los conocimientos creados colectivamente, y utilizarlos en respaldo a las demandas. Los hará llegar también a los poderes políticos y judiciales, a los medios de comunicación y a la sociedad, para fortalecer las resistencias de los movimientos populares que sufren de modo especial las consecuencias de estas políticas.

 

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