Algunos elementos sobre el debate de tierras y territorios

En primer lugar, se están dando señales de implementar, lo que  para algunos es  una política agraria de carácter progresista, de la cual han salido a la luz pública algunas acciones como: formalización y titulación de tierras, actualización de la informalización catastral, política de restitución de tierras en cabeza del ministerio de agricultura,  política de seguridad dirigida hacia los campesinos restituidos, acelerador a la extinción de dominio con la finalidad de restitución, reversión de actos corruptos  de funcionarios del Incora y del Incoder que revocaron títulos  en regiones de desplazamiento.

Se argumenta que se le “quebrara el espinazo al feudalismo colombiano”, como una forma de democratización del campo, reduciendo la pobreza como condiciones esenciales para que Colombia de un salto hacia el desarrollo.

En el camino del debate sobre esta política, se han presentado argumentos que han dado indicios de las dimensiones del despojo, ocultando por un lado los problemas estructurales que afectan la vida de campesinos, indígenas y afrocolombianos y por otro lado la funcionalidad de las  reformas propuestas al modelo de despojo de las tierras y territorios.

Según han dicho los asesores gubernamentales en esta materia, el feudalismo generado por el narcotráfico, los grupos armados ilegales y los gamonales regionales, son el enemigo al cual dice enfrentar la política agraria del gobierno, y “seguramente serán los que se interpongan en el camino de su materialización, así que para defender la implementación de estas reformas, han llamado a los sectores beneficiados por estas reformas a movilizarse para defender esta ley”.

Ya hay algunos, como León Valencia,  que comparan la actual reforma con las propuestas de Alfonso López en 1936 y Carlos Lleras al finalizar la década del 60, y valiéndose de esta comparación llaman a “una gran movilización social de respaldo al gobierno” ya que “sólo un respaldo de la opinión pública y un movimiento social igual o mayor al que se inventó Carlos Lleras con la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pueden garantizar que el Gobierno no flaquee en sus propósitos y los usurpadores de la tierra no se salgan de nuevo con la suya”.

Este respaldo anticipado resulta sospechoso, dado que de la propuesta del gobierno, solo se conocen algunas declaraciones y no se conoce aun la propuesta integral. El debate  apenas está comenzando, pero los sujetos sociales aun no han fijado su posición.

Por otra parte,  en ese debate van quedando algunas claridades:

Uno de los elementos centrales del modelo propuesto se basa en la RESTITUCIÓN, lo que aun no ha salido a la luz pública es que se piensa en la restitución de títulos,  haciendo diferenciación entre titulación y usufructo.   Una cosa es tener el titulo del predio y otra cosa es poder cultivar o hacer en él lo que como campesino, indígena o afrocolombiano se requiera.

Se está hablando de la violencia en el campo, pero únicamente la efectuada por los “grupos armados ilegales”, afirmando que esta es la que ha generado el despojo que se pretende revertir.

No se habla de la responsabilidad Estatal en el marco de un conflicto armado, más bien se oculta, Y mucho menos se habla  del despojo como política de Estado;   generado con la aplicación por ejemplo  de las políticas neoliberales implementadas en los campos colombianos, el despojo generado por la implementación de megaproyectos o el despojo generado por la voracidad de las multinacionales que han venido a explotar los recursos  inmersos en los territorios de campesinos, indígenas y afrocolombianos.   Se olvida pues, que el modelo de contrarreforma agraria que ha predominado en Colombia es responsabilidad del Estado quien ha implementado el modelo neoliberal, donde el uso de la violencia ha jugado un papel primordial.

Se oculta que una de las necesidades actuales del gobierno colombiano, se refiere a presentar ante la comunidad internacional la imagen de un país que se dirige hacia el respeto por los derechos humanos y donde el conflicto social y armado ya se ha ido solucionando,  imagen que alimentaria el aumento de inversión extranjera y que por fin empujaría la buena marcha de los Tratados de Libre Comercio entre Colombia Estados Unidos y de Colombia con la Unión Europea.

No se trata de parar el despojo, ni de realizar una reforma agraria de carácter redistributivo, se trata entonces, de hacer el mínimo esfuerzo posible para apaciguar las turbulentas aguas que dejó el anterior gobierno.

Existe una gran contradicción entre los propósitos gubernamentales.  Restitución, derechos humanos Vs Desarrollo, puesto que la minería (elemento de continuidad con el anterior gobierno), una de las locomotoras del desarrollo colombiano, de acuerdo con la política minera colombiana, es una de las grandes amenazas sobre el territorio de las comunidades agrarias.     Otro elemento de continuidad con el anterior gobierno, en materia agraria, se refiere al modelo agrario de la mano con los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales.  El uso productivo de las mejores tierras con el desarrollo de la agroindustria, vinculando grandes capitales de inversión, es el elemento central del modelo a desarrollar en Colombia.

Vivimos en un mundo donde coexiste una crisis ambiental, una crisis energética, una crisis financiera y una crisis alimentaria.  De todas estas, la revalorización de la tierra como factor productivo hace  que cada vez sea mayor la presión sobre el uso del suelo y le estructuración de los territorios.    En este sentido, lo que en los 60s  significó la modernización del campo a través de la Revolución Verde, hoy una modernización del campo significa la subordinación de este a las grandes multinacionales de los recursos naturales, de la energía y de la alimentación.

Con este panorama es necesario decir que una verdadera política progresista en beneficio de los sectores rurales colombianos,  como mínimo debe partir de la vinculación de estos sujetos sociales en su construcción, cuyas voces han sido desconocidas, práctica que en el actual debate es demoledora.

Recordemos que en abril de 2003, se reunieron las principales organizaciones campesinas, en lo que se llamó el Congreso Nacional Agrario y como fruto de ello se elaboró el Mandato agrario, en el que mediante 14 puntos resumía “una política propositiva, para abrir caminos y futuro y demostrar que somos parte de la solución a los problemas claves del sector y del país”[1].

El Mandato Agrario, debe servir para retomar la discusión desde campesinos, indígenas y afrocolombianos, actualizarse y servir como base de las reivindicaciones y luchas sociales.  

Así mismo se deben tener en cuenta las propuestas que desde otros  sectores importantes   de la población, como el Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado, se han venido desarrollando durante varios años,  en materia  de verdad, justicia y reparación integral, las cuales deben ser retomadas y reconocidas en el actual contexto colombiano.

Se hacen urgentes  los escenarios de unidad entre los distintos sectores sociales de Colombia, que permita  reflexionar y tomar decisiones frente al estado actual de cosas. El Congreso de los Pueblos, convocado desde La Minga de Resistencia, Social y Comunitaria,  es uno de los principales escenarios previstos, que se instalará del 8 al 12 de octubre en Bogotá; este es una propuesta de movilización y construcción de agenda colectiva de todos los sectores sociales, indígenas, afrocolombianos, campesinos, sindicalistas, mujeres, estudiantes.  El objetivo más allá de la movilización reivindicativa es presentar una visión de país.  Esta apuesta, se convierte en uno de los escenarios privilegiados en la vía de discutir y vislumbrar una propuesta democrática, realmente progresista, desde quienes vienen construyendo y reivindicando VIDA DIGNA Y  PERMANENCIA EN EL TERRITORIO, así como también de aquellos que luchan POR VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.

 
Bogotá, Septiembre de 2010

 [1]   Derecho a la vida y plenas libertades democráticas, soberanía y seguridad alimentaria, alternativas al alca y a los acuerdos de libre comercio, derecho a la tierra, reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria, protección del medio ambiente, política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana, derechos sociales económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes, reconocimiento político al campesinado, reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos, derecho a la territorialidad, fin al desplazamiento forzado, solución política del conflicto armado, unidad.

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